Políticas públicas

De Sosteniblepedia
Saltar a: navegación, buscar

Generalmente por políticas públicas se han entendido los programas que un gobierno, cualquiera que sea, desarrolla en función de un problema o situación determinada.

Hay, sin embargo, distintas definiciones del término. Para Chandler y Plano, las políticas públicas son las acciones de gobierno, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. Se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales.

Otra definición comprensible es la que afirma que las políticas públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del “pacto” entre Estado y sociedad. Esto supone un nuevo papel del Estado, en el sentido de hacerlo más ágil y organizador. De esta definición podemos rescatar también el sentido de participación entre estos dos actores, pero el objetivo final de beneficio a la sociedad es, como lo veremos más adelante, un punto que muchas veces queda olvidado, de aquí el fracaso de muchas políticas públicas.

Para otros autores, las políticas públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. Deben ser consideradas como un “proceso decisional”: un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo.

Al generarse una propuesta, inmediatamente surgen los actores integrantes, que apoyan o se oponen. De esta manera, surge asimismo la necesidad de negociar y realizar acuerdos.

Las políticas públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios. Consisten, precisamente, en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. Esto es lo que generalmente se conoce como “agregar demandas”, de forma tal que al final las soluciones encontradas permitan que personas y grupos coexistan a pesar de sus diferencias.

Generalmente, se tienen instrumentos para plantear e impulsar las políticas públicas. Dependiendo del tipo de actores que intervienen, éstos pueden variar. En el caso del gobierno, al elaborar una propuesta a través de sus instituciones se basa en los siguientes aspectos:

Las normas jurídicas. A través de las normas jurídicas los poderes públicos autorizan y establecen las actividades que constituyen las políticas, y también, limitan la discrecionalidad en el actuar de los que la elaboran y ejecutan, ya que deben basarse en la norma y ley establecida.

Los servicios de personal. Elaborar las políticas requiere infraestructura humana, organizativa y material.

Los recursos materiales. Esto refiere fundamentalmente a los recursos financieros, ya que son lo que suelen ser más restringidos.

La persuasión. Los ciudadanos consideran al gobierno como legítima expresión de la interpretación mayoritaria de los intereses generales de la sociedad. Es por esto que se debe responder correctamente a las demandas sociales, ya que el gobierno como ente debe velar por los intereses de los que están bajo su tutela.

El estudio de las políticas públicas debe plantearse bajo tres cuestiones:

1. Qué políticas desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad, cómo se elaboran y desarrollan.

2. Cómo se evalúan y cambian.

3. Qué hacen los gobiernos, cómo y por qué lo hacen y qué efectos producen.

Estas preguntas pueden servir como una sencilla guía para ir analizando una política pública, sin entrar en terminología económica o política compleja.

Ventajas y desventajas de las políticas públicas

Existen múltiples instrumentos posibles para atender al bienestar de las personas, la familia, el trabajo, la comunidad, las organizaciones sociales, y, por supuesto las políticas públicas. Estás últimas son un medio para que el gobierno interactúe (esa es la clave) con otros actores y así buscar soluciones a las necesidades existentes, y planee a largo plazo.

Las políticas públicas pueden revertir, potenciar o inhibir la capacidad de que otros mecanismos permitan alcanzar el bienestar individual y colectivo. Por ejemplo, una política pública de empleo, de vivienda o de educación, puede debilitar o fortalecer comunidades y familias, así como potenciar o inhibir la realización personal de los individuos mediante el trabajo o el estudio. Es decir, se tienen por un lado costos y por otro, beneficios.

Ventaja. Las políticas públicas tienen la potencialidad de resolver problemas concretos y de promover la integración social: es decir, permitir que la gente viaje en el “mismo avión.” Este último término hace referencia también a la búsqueda de la equidad, ya que, si bien es cierto que una propuesta de política puede beneficiar a unos y perjudicar a otros, debe tener en cuenta a la mayoría, que es quien decide en una democracia, sin menoscabar claro está, los derechos de las minorías.

Desventaja. En la realidad de los países, las políticas públicas ni son siempre tan públicas, ni siempre responden a las necesidades de las personas a quienes están supuestamente dirigidas. Esto refiere a una realidad que no podemos ocultar, ya que suele suceder que se hacen diseños “en el escritorio” y, en el momento de implementar surgen deficiencias. También sucede que desde el diseño se tienen errores que luego se transmiten en la política final.

Debido a que las políticas públicas son una arena de contienda entre actores sociales con intereses y agendas particulares, el carácter más o menos público depende de cuán capaces sean de “agregar demandas” de los grupos en cuestión, y de la forma de dar respuestas satisfactorias a los respectivos intereses y agendas. No podemos negar las preferencias grupales y personales que en ocasiones predominan, siendo esto algo que perjudica, obstaculiza y daña la clara visión del concepto de lo público y, como consecuencia, el bienestar social.

Si las políticas públicas deben responder a las necesidades de las personas, es necesario que éstas se lleven a cabo en función de, al menos, los criterios de oportunidad, calidad y transparencia.

Para lograrlo se necesita la participación integra de todos los actores. Sin embargo, las políticas públicas que son producto de las decisiones de los gobiernos tienden a no representar a los intereses y puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad, reafirmando así lo que ya anteriormente hemos comentado sobre el predominio de uno de los actores sobre otros y la protección de sus intereses, lo que lleva a una alta probabilidad de fracaso en la implementación de las mismas.

Las políticas públicas constituyen una herramienta de suma relevancia, no solo instrumental o práctica (por ejemplo, proveer servicios de salud para toda la población), sino también para promover ciertos principios éticos (por ejemplo, que toda la población tenga los mismos derechos fundamentales al trabajo, la educación o la salud, independientemente de sus ingresos). Esto plantea una diferencia entre subsanar solamente las necesidades de la población y el fomentar ciertos valores que se requieren para lograr una mayor integración.

¿Cómo se analizan y elaboran las políticas públicas?

El análisis de políticas públicas, por su parte, está orientado a alcanzar los siguientes objetivos:

• Descubrir y seleccionar los objetivos que son de interés público.

• Utilizar los mejores medios para diseñar y optar entre alternativas que permitan el logro de esos objetivos.

• Identificar mejores sistemas para comprobar que las alternativas seleccionadas se llevan a la práctica de forma eficaz y eficiente.

Para analizar las políticas públicas han existido dos modelos:

• El modelo racional, de H. Simon, que consiste en recoger informaciones e investigar de forma sistemática con el objeto de identificar los problemas presentes o posibles, definir todas las alternativas para enfrentar cada problema, y hacer un análisis omnicomprensivo de dichas alternativas y de sus consecuencias. Sin embargo, en la práctica, no existe prácticamente una política que parta de cero. Casi todas en su inmensa mayoría ya han sido planteadas con anterioridad por autoridades que han antecedido a quien las retoma. De todas maneras, cabe la posibilidad de generar alguna política innovadora o totalmente nueva.

• El modelo incremental, planteado por Ch. Lindblom, que consiste en la elaboración de las políticas teniendo como punto de partida la situación existente anteriormente y la aplicación de pequeños cambios o modificaciones de manera incremental.

Las políticas públicas pueden elaborarse en base a un esquema “cíclico”, que consiste en atender a los factores que inciden en su desarrollo a través de diferentes estadíos.

Los tres grandes momentos de este proceso son:

1. La formulación de las políticas.

2. La implementación o su proceso de aplicación práctica.

3. La evaluación de su rendimiento.

1. La formulación de las políticas

La formulación está compuesta a su vez de cinco etapas o pasos:

• El establecimiento de la agenda política.

• La definición de los problemas.

• La previsión.

• El establecimiento de objetivos.

• La selección de la opción.

El establecimiento de la agenda política: Las agendas políticas son más el resultado de la movilización de demandas y presiones, que un proceso racional de evaluación de necesidades, valores y objetivos. Aquí cada actor plantea su propia agenda dependiendo de sus prioridades e intereses, por lo que surge una interacción con otros que se encuentren involucrados. La importancia de poner un tema en la mesa para que sea analizado debe incluir una etapa de negociación para poder generar acuerdos.

La definición de los problemas: El hecho de haber identificado los problemas no basta. Es necesario tener un mayor conocimiento de ellos y para eso es preciso recopilar información y estudios a fin de ir concretando a su vez el tema en específico en el cual nos vamos a enfocar.

La previsión: Es necesario prever y medir el impacto que podría tener la política pública al momento de su implementación: las reacciones, los grupos en contra y a favor, etc. Para intuir los posibles escenarios, se requiere una gran visión política, por lo cual se requiere del asesoramiento de personas que cuenten con esta poderosa herramienta. La previsión dará un mayor índice de seguridad, así como el aumento en las probabilidades de éxito de la política que se quiere impulsar.

El establecimiento de objetivos: Una vez que ya se ha hecho un análisis conciso del tema que se quiere tratar y de la recopilación de la información, hay que establecer aquellos objetivos que serán resueltos en el transcurso de la política pública. Estos pueden incluir el tiempo en el cual se quieran resultados, a fin de ir revisando poco a poco si se van cumpliendo.

Selección de opción: Se trata de seleccionar la opción concreta que sea viable conforme a estudios realizados y a un previo análisis plural. Esto va aunado al establecimiento de los objetivos, aunque también podría existir la posibilidad de que la persona o institución que solicita una política pública en específico ya tenga la situación concreta bien definida.

2. La implementación

Barret y Fudge (1981) consideran la implementación “como un continum de elaboración y acción en el cual tiene lugar un proceso negociador entre aquellos que quieren llevar la política a la práctica y aquellos de los que depende la acción.”

La implementación se lleva a cabo una vez que ya se cumplieron todos los pasos anteriores de manera correcta. Es aquí donde se esperan los resultados de todo aquello planeado en el papel.

3. La evaluación y la continuidad o cambio

La evaluación es el proceso necesario para medir el grado en que están alcanzando los objetivos establecidos y sugerir los cambios que puedan requerirse.

Este paso permite ver desde el comienzo algunas fallas o las que se vayan dando en el transcurso de la implementación. Para ello es fundamental hacer una evaluación imparcial sobre lo se ha diseñado, con la finalidad de tener un antecedente verídico.

¿Qué elementos deberían tener las políticas públicas para ser implementadas?

Como ya hemos mencionado, al momento de implementar una política pública, ésta puede llegar a fracasar por no tener una vinculación de tipo social o por un mal diseño. Es por esto que queremos mencionar aquellos elementos que pueden mejorar la política antes de la implementación y después, para sus correcciones.

Oportunidad

Que las personas accedan a los servicios que necesitan, cuando los necesitan (y no, por ejemplo, luego de meses de espera como ocurre en los sistemas de salud pública; o a cambio de largos viajes, como ocurre muchas veces en la educación rural; o a cambio de un voto, como en muchos programas de asistencia social).

Se requiere una mayor agilidad en los resultados esperados en las políticas públicas ya que la gente quiere ver que sus necesidades están siendo satisfechas.

Calidad

Que las personas accedan a servicios que efectivamente atiendan sus necesidades en la manera más adecuada, técnica y humana.

El hecho que una política sea implementada no quiere decir que ésta conlleve calidad; generar “apaga fuegos”, como comúnmente se les llama a aquellas formas de salir del paso, solamente trae mayores problemas en el futuro. Es por esto que se necesitan instrumentos que realmente contribuyan al desarrollo humano y social.

Transparencia

Que las políticas públicas sean resultado de “reglas de juego” claras y aplicadas por igual, sin preferencias, a toda la población a la que van dirigidas. Volvemos a tocar el tema de los actores: el riesgo es que uno de ellos por diversas circunstancias tenga mayor peso específico que otros, predominando así sus intereses y agenda, logrando de esta manera una política hecha a su medida y con un perjuicio grande para los demás.

Apropiación Social

Apropiación social significa la resolución de problemas concretos para la transformación de la realidad.

Las políticas públicas deben ser congruentes con las necesidades, ya que en ocasiones se instrumentan aquellas de difícil acceso y sabiendo de antemano que no van a funcionar. Se llega a dar también que, al querer resolver cierto problema, por intentar argumentarlo demasiado, se terminan generando otros o no planteando ninguna solución.

La importancia del analista radica en darle sentido actual y práctico a las políticas, “traducirlas”, por así decirlo y, sobre todo, estar conciente de que podrán ser implementadas para generar resultados.

¿Cómo reacciona la sociedad ante una política pública?

El sistema democrático invita a que la sociedad participe y se integre a los proyectos que de manera directa la benefician o perjudican (según se vea). Al respecto, la participación ciudadana puede graficarse como una escalera, que va de menores a mayores grados de involucramiento:

Información: Se trata de un nivel básico de participación en el cual se aclaran dudas, se explican alcances, beneficios y consecuencias de las acciones, y se atienden temores. Es el escalón en el que los gobiernos ponen el énfasis cuando se plantean promover alguna política.

En este nivel, la sociedad se encuentra un tanto incrédula, apática o temerosa de lo que puede pasar si apoya la propuesta. Es por esto que el gobierno (incluyendo los demás actores) se da a la tarea de proveer la información necesaria, a fin de que poco a poco se despierte el sentido de integración y participación.

Consulta: Los tomadores de decisiones ponen a consideración de la población la puesta en práctica de una determinada decisión política. Se trata de un nivel limitado de participación, pero que puede ser estratégico cuando es vinculante para los tomadores de decisiones a cargo de las políticas públicas en cuestión.

En este escalón, una vez que se generó la información correspondiente, se le transmite cierto poder a la sociedad para que esta decida lo más conveniente a sus necesidades. De esta manera se pueden lograr mejores avances y con una mayor rapidez. Cabe señalar que no en todas las ocasiones se le otorga este importante poder a la ciudadanía, o mejor dicho, es raro el caso que se presenta de esta forma. De aquí la importancia de la información que se le proporciona a la sociedad, ya que si está modificada según a los intereses de cierto grupo pueden crearse incentivos perversos.

Control ciudadano: Existe un traslado de competencias a la sociedad civil en relación a la ejecución de políticas ya formuladas, aunque siempre dentro del ámbito de la política pública.

En este nivel, la sociedad civil puede hacer un efectivo seguimiento de los compromisos tomados por los gobiernos, y buscar que dicho seguimiento se traduzca en correcciones del rumbo y la toma de decisiones de las respectivas acciones de política pública.

Cuando se logra la participación ciudadana, ésta puede ser un ojo rector de que se estén cumpliendo cabalmente los planes establecidos por el gobierno. Se pueden hacer modificaciones y correcciones a los objetivos iniciales.

Co-gestión: Se trata de una administración compartida en la toma de decisiones, entre representantes del gobierno y la sociedad civil.

En este nivel, la población ya se encuentra integrada y participa de manera activa. Se pueden hacer observaciones, inclusive se pueden rechazar ciertas propuestas del gobierno si no son consideradas como prioritarias por la sociedad. Es decir, existe una interrelación, pero al mismo tiempo límites bien establecidos. De este modo, se llega a un nivel más integro entre gobierno y sociedad, pero al mismo tiempo más separado, es decir, se lucha por el mismo bien común pero cada quien hace aportaciones diferentes.

Autogestión: Es el escalón máximo de participación ciudadana, mediante el cual la ciudadanía diseña programas, los administra y ejecuta.

Este podría ser el nivel óptimo al que la sociedad podría llegar. No obstante, se ve una sociedad más a la espera de mejores resultados, pero al mismo tiempo más apática en cierta medida a involucrarse con el gobierno.

Dependiendo de la política pública y del entorno institucional y político en cuestión, los escalones críticos de participación ciudadana pueden ser unos u otros. Mientras que en algunas políticas puede ser crítico contar con una efectiva participación ciudadana en el control de los servicios, es posible que en otros casos el escalón crítico sea, por ejemplo, la consulta.

Actores que intervienen en una política pública

Hemos venido haciendo mención de la importancia que tienen cada uno de los actores participantes en una política pública. Dichos actores son:

• Estado/gobiernos

• Sociedad civil/OSC

• Mercado/Empresas

En ocasiones las políticas públicas no funcionan como deberían, ya que uno de los actores tiene menos poder de incidencia que otro sector, que será mayormente beneficiado con la implementación de la política. Por lo que podemos resaltar que en una política pública debe existir equilibrio entre los actores que intervienen en ella.

El éxito de una política pública depende de que las políticas públicas sean efectivamente “públicas”, es decir, satisfactoriamente “agreguen” demandas e intereses de los distintos sectores de la sociedad".

Se trata de promover, en suma, que las políticas públicas logren, efectivamente, “agregar” intereses y agendas que beneficien a todos los actores participantes, y sobre todo se vean reflejadas en la sociedad, que a fin de cuentas es la que recibe el impacto final.

Existen varios tipos de actores clave para dicho acceso, incluyendo públicos, privados y pertenecientes al llamado “tercer sector” o sociedad civil organizada.

La lógica que orienta el accionar de los gobiernos es la búsqueda de “agregación de demandas” y su principal arena son las instituciones públicas.

La lógica que orienta el accionar de las organizaciones de la sociedad civil, es la búsqueda de mejorar el bienestar de dar respuestas a grupos específicos, siendo su arena la sociedad civil.

¿Cómo modificar una política pública?

Una política pública se puede modificar cuando ya no responde a las necesidades de la sociedad. También, cuando se requiere una actualización o reforma de la misma, cuando los actores predominantes consideran que ya no responde a sus intereses o la propia población va impulsando cambios.

Los acuerdos sociales respecto a las políticas no se alcanzan de una vez y para siempre. La incorporación de nuevos temas en la agenda pública es una de las razones para que este bienestar tenga que ser renegociado.

Para modificar una política pública es por lo tanto necesario que el tema a proponer sea impulsado por uno de los actores y sea de sumo interés para ser puesto en la agenda pública. También se puede despertar el interés público o gubernamental a través de estudios previos, los cuales reflejen la problemática existente y que ésta, a su vez, sea conocida por la sociedad.

Herramientas de una política pública

Toda política pública debe tener una instrumentación y herramientas para poder primeramente plantearla, después concretarla, agendarla, para finalmente traducirla a la población.

Dichas herramientas son:

Incentivos: son los pagos o retribuciones concretas que se realizan para provocar ciertas acciones. Se pueden entender también como las motivaciones personales o de grupo que llevan a diseñar una política pública, pensando en el beneficio individual o colectivo.

Construcción de capacidades: es una estrategia que involucra plazos más largos, pero logros más duraderos. Acorde a ella, la función del Estado se concentrará en entregar herramientas que, a su vez, sean utilizadas por sectores sociales para tareas específicas que satisfagan sus deseos y necesidades. La educación es uno de los principales pilares para que en un futuro las personas puedan alcanzar un mejor bienestar personal y social. También, la capacitación en determinadas actividades que promuevan la integración y el desarrollo. Las herramientas simbólicas son estrategias no siempre fáciles de percibir. Son las dirigidas a cambiar la concepción que la sociedad tiene de algo, con el fin de que ésta considere a los fines del Estado como deseables.

Aprendizaje. Esto involucra simultáneamente a las agencias gubernamentales interesadas y a la población a la que está dirigida principalmente la política pública (poblaciones objetivo). Se confía en un proceso de aprendizaje mutuo, en el que las partes podrán ir construyendo sus metas, los procesos necesarios para lograrlas y las formas en que corresponde evaluar los cursos de acción escogidos.

Los 9 pasos para el análisis de políticas públicas

El siguiente procedimiento se basa en simples pasos que permiten el análisis de cualquier política pública.

1. Definición del problema

La primera definición del problema es un paso crucial, ya que le da al analista:

• Una razón para hacer todo el trabajo necesario, a fin de terminar el proyecto.

• Un sentido de dirección para obtener evidencia e información.

El analista deberá ir más allá de la retórica para poder definir el problema de tal manera que pueda ser manejable y tenga sentido a la luz de los recursos políticos e instituciones disponibles. Es decir, ver si el problema es factible de acuerdo a las condiciones con que se cuentan y, al mismo tiempo, saber traducirlo o plasmarlo en un documento para que las demás personas también comprendan esta problemática.

Debe enfocarse en una sola dificultad. Es decir, no tener diferentes problemas en el mismo momento, ya que se desviaría totalmente del central y terminaría por complicar o resolver uno de otra índole.

Una sugerencia para llamar la atención sobre el problema que se está tratando es incluir la palabra “demasiado” en el escrito. Por ejemplo, “demasiado grande”, “demasiado pequeño”, “creciendo demasiado lento”, “creciendo demasiado rápido”. Los problemas a atender no necesariamente deben ser un problema del presente, pero pueden serlo en un futuro cercano si no se hace algo, porque cabe resaltar que se debe tener una visión al respecto a fin de hacer proyecciones posteriores.

La idea de “un problema” significa por lo general que la gente piensa que algo está mal, lo que puede facilitar el ordenamiento de prioridades o inclusive la organización de la agenda. Sin embargo, no tiene que ser exclusivamente el punto de vista a tomar en cuenta, porque en ocasiones se tiende a exagerar al extremo las problemáticas por la poca información disponible.

Para tener mejores argumentos se deberá incluir, en la medida de lo posible, una parte cuantitativa, es decir, se deberán incluir aspectos de magnitud. ¿Cuán grande es, “demasiado grande”? ¿Cuán pequeño es, “demasiado pequeño” ¿Qué significa “demasiado lento” o “demasiado rápido? Cuando hablamos de las personas sin hogar, ¿a cuántas nos referimos? Básicamente, se trata de poner cifras, datos que demuestren la magnitud del problema, a través de comparaciones en situaciones similares o con números estadísticos.

Existen diversas instituciones, ya sean gubernamentales o no, que periódicamente se encargan de arrojar valores respecto a diversos temas. Asimismo, se pueden comparar cifras con otros países, etc., es decir, sustentar de manera numérica o gráfica independientemente de mostrarlo a los demás, para el propio convencimiento de lo que se está realizando.

Cuando se enuncia el problema, éste no debe incluir una solución implícita. La dificultad debe ser el centro a resolver y la implementación es lo que debe dar una respuesta afirmativa o negativa al respecto.

Asimismo, las causas deben ser reales, no simplemente supuestas, porque pueden confundir el objetivo de la política pública desde un comienzo. En este caso, también es necesario argumentar con cifras o parámetros que den un punto de referencia.

La definición del problema es un paso crucial. Hay que repetir este paso una y otra vez permitiendo que su enunciación vaya evolucionando.

2. Obtención de información

En el análisis de políticas, el tiempo se emplea en dos actividades: pensar y obtener datos para convertirlos en “información”. Pensar es más importante, pero obtener datos toma mucho más tiempo: leer documentos, buscar en bibliotecas, revisar estudios y estadísticas, viajar para realizar entrevistas, concertar citas, etcétera. “La presión del tiempo” en el análisis de políticas es un enemigo tan peligroso, o incluso más, que los sesgos provocados por un interés político particular. La clave: tratar de obtener únicamente aquellos datos que puedan convertirse en “conocimiento”, que a su vez pueda convertirse en información.

El “conocimiento” son los datos que tienen significado. La “información” es el conocimiento que afecta a las creencias existentes de la gente, ya que es una aportación y modifica por lo tanto el anterior concepto que se tenía sobre algo. La información es necesaria para tres propósitos principales:

• Evaluar la naturaleza y la extensión de los problemas.

• Evaluar las características particulares de la situación concreta de la política que se pretende estudiar.

• Evaluar las políticas que por lo menos algunas personas han pensado que funcionarían bien en situaciones aparentemente similares.

El valor de la información depende de:

• La posibilidad de que dicha información permita sustituir con una decisión mejor cualquier otra decisión que se haya tomado sin ella (y que podría haberse considerado “aceptable”), que nos ayude a argumentar y no solamente a dejarse llevar por la intuición.

• La posibilidad de que la “nueva” decisión produzca, directa o indirectamente. un mejor resultado en comparación con el que se hubiera dado con la decisión original.

• La magnitud de la diferencia entre el valor del resultado probablemente mejorado de la nueva decisión y el valor del resultado original. Es decir, qué pasaría si no se toma en cuenta esa información y cuál es el resultado de contemplarla.

En ocasiones, la dificultad para obtener la información puede frustrar la propuesta política. Sin embargo, se deben ir teniendo las herramientas necesarias (poco a poco), basadas en las fuentes correctas, para extraer lo que ayude a proseguir.

Obtener credibilidad y crear consenso

Una buena estrategia es incluir la opinión de críticos potenciales de un trabajo. Obtener “retroalimentación”, consultar y profundizar aquellas situaciones con los expertos, además del apoyo de otras instituciones que puedan ayudar a complementar la búsqueda. El respaldo de personalidades o instituciones con experiencia y prestigio en el tema de estudio, ayuda a dar más seguridad y solvencia a los argumentos que se están planteando.

3. Construcción de alternativas

Una vez que definido de manera clara y correcta el problema, se dará paso a las “alternativas”, “opciones de política”, o “cursos de acción”. En definitiva: las diferentes “estrategias de intervención para solucionar o mitigar el problema.”

Comenzar en lo general y terminar en lo particular.

Revisar las fuentes más comunes de la política pública, analizando primero casos internacionales en que el tema sea similar o igual, para luego ir “descendiendo”, yendo a casos a nivel nacional o en otros estados.

Analizar las causas del problema.

Si bien no es necesario conocer las causas de un problema para solucionarlo, un buen esquema causal suele ser muy útil para sugerir posibles “puntos de intervención”.

4. Selección de criterios

Para el argumento de cualquier política es útil imaginar que se tienen dos líneas discursivas interconectadas pero separables: la analítica y la evaluativa.

La primera es todo lo referente a los hechos y proyecciones imparciales de las consecuencias. La segunda es todo lo relativo a los juicios de valor.

Es el paso más importante para que los valores y la filosofía entren en el análisis de políticas, porque los “criterios” son normas evaluativas utilizadas para juzgar la “bondad” de los resultados de la política que han sido proyectados en cada una de las alternativas.

Aplicar criterios para juzgar resultados, no alternativas

Los criterios no se utilizan para evaluar las alternativas, sino los resultados. El criterio más importante es que el resultado proyectado “resuelva el problema”.

5. Criterios evaluativos

Eficiencia.

Maximizar el bienestar de las personas tal como lo interpretan los propios ciudadanos. Este es el enfoque de análisis de “costo-efectividad” y de “costo-beneficio”. Equidad, igualdad, “justicia”.

El análisis impone una solución.

Una variante de este enfoque incluye la idea de un “proceso educativo”. Dependiendo de las circunstancias, el analista debe animar a los actores políticos importantes, –incluido tal vez su jefe o su cliente principal–, a reconsiderar sus criterios evaluativos a la luz de hechos o argumentos con los que el analista podría llamar su atención.

Legalidad.

Una política viable no debe violar los derechos constitucionales, estatutarios o de la ley común.

Aceptabilidad política.

Una política viable debe ser políticamente aceptable, o al menos no inaceptable. La inaceptabilidad política es una combinación de dos cosas: “demasiada” oposición y/o “muy poco” apoyo.

Solidez.

Ideas de políticas que pueden parecer muy buenas en teoría, fallan a menudo en el momento de su implementación real. Una opción de política, por lo tanto, debe ser lo suficientemente sólida para que, aunque el proceso de implementación no sea fácil, los resultados sean satisfactorios.

Perfectibilidad.

Los implementadores de políticas deben poder perfeccionar el diseño original. Para ello es necesario hacer una evaluación muy cuidadosa de la situación real: personajes, demandas e incentivos institucionales, vulnerabilidad política, etcétera.

6. Proyección de los resultados

Éste es el paso más difícil del proceso de los nueve pasos ya que existen (al menos) tres grandes dificultades:

1. “la política” tiene que ver con el futuro, no con el pasado o el presente.

2. la “Proyección de los resultados” es otra manera de decir “sea realista”.

3. “Hacer política”, lo que impone una carga moral más pesada que lo que mucha gente estaría dispuesta a aceptar.

Para la “Proyección de resultados”, muchas veces se requiere pensar tanto en la dirección general del resultado como en su magnitud.

Formular escenarios

Estudiar sistemáticamente posibles escenarios adversos para no caer en el optimismo natural y tener la perspectiva del otro.

Incorporar la perspectiva del otro

Imaginarse en el lugar de otros actores permitirá descubrir las formas en que se adaptaran a la situación de la nueva política que se está planteando.

Efectos secundarios no deseados.

Los analistas también deben preocuparse por las “consecuencias no previstas”. Algunos efectos secundarios no deseables, pero anticipables, que ocurren en programas públicos son:

• El “riesgo moral”: en ocasiones la política pública no llega a implementarse de manera correcta debido a que las personas no comprometen de manera plena al desarrollo de la acción o actividad.

• La “sobrerregulación”, lo cual impide poder plantear nuevos conceptos de política pública debido a los enormes candados legales y jurídicos.

• Los “buscadores de renta” que distorsionan el programa en su provecho. Aquellos impulsores de la política pública que olvidan la relación de equilibrio que debe predominar entre los diferentes actores participantes.

7. Confrontación de costos y beneficios

Sin la proyección de los resultados no es posible confrontar, ponderar, ni hacer un análisis costo- beneficio.

Los resultados tienen que ser verídicos y con la mayor exactitud posible a fin de tener los efectos deseados. Un error común al comparar distintas ponderaciones es hacerlo en términos de alternativas y no de resultados esperados.

8. Decisión

Este paso del proceso sirve para verificar que tan bien se ha realizado el trabajo hasta este momento para decidir “qué hacer” sobre las bases del propio análisis.

9. Contar la historia

El analista debe ser capaz de explicar su historia a cualquiera en términos lo suficientemente sencillos y realistas como para que ese “cualquiera” sea capaz de seguir adelante con la tarea.

Esto le permitirá responder y rebatir cualquier posible objeción que pudieran hacer distintos públicos importantes.

La “historia” debe tener un estilo narrativo fluido y lógico.

Más información

Políticas públicas: marco conceptual metodológico para su estudio Extracto de un documento de CLACSO