Medición de Impacto
Medición de Impacto
Toda actividad humana tiene un impacto sobre su entorno. Este impacto puede ser positivo o negativo. El llamado impacto ambiental o social se refiere al efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente y sobre la sociedad. Para medir este impacto y la sostenibilidad del ecosistema, se han creado la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo a indicadores de desarrollo sostenible. Tales indicadores apuntan a resolver el conflicto entre una vida humana sostenible y la integridad de la naturaleza.
Estos indicadores miden el impacto medioambiental, como congestión del tráfico, calidad del aire y el agua, generación y reciclado de basuras; el impacto social, como niveles de pobreza (porcentaje de hogares sin electricidad o agua, nivel de educación), responsabilidad civil y deseo de participar en la toma de decisiones, planes de seguridad de la salud, rango de abandono de la escuela secundaria y rango de abuso de sustancias; e impacto económico, como disponibilidad de viviendas, salario mínimo, empleo y desempleo.
Impacto sobre el medioambiente
Los impactos sobre el medioambiente de las actividades económicas, las guerras y otras acciones humanas, potenciadas por el crecimiento demográfico y económico, son en general negativos. Suelen consistir en pérdida de biodiversidad, en forma de empobrecimiento de los ecosistemas, contaminación, contracción de las áreas de distribución de las especies e incluso extinción de razas locales o especies enteras.
Impacto sobre el medio social
Los impactos sobre el medio social afectan a distintas dimensiones de la existencia humana, a nivel cultural, como por ejemplo la destrucción de yacimientos arqueológicos por las obras públicas, o la inmersión de monumentos y otros bienes culturales por los embalses, etc. Mientras que las innovaciones económicas pueden forzar cambios técnicos y generar la pérdida de saberes tradicionales.
Aspecto técnico y aspecto legal
El término impacto ambiental se utiliza en dos campos diferenciados, aunque relacionados entre sí: el ámbito científico-técnico y el jurídico-administrativo. El primero ha dado lugar al desarrollo de metodologías para la identificación y la valoración de los impactos ambientales, incluidas en el proceso ya mencionado y que se conoce como Evaluación de Impacto Ambiental; el segundo ha producido toda una serie de normas y leyes que obligan a la declaración de impacto ambiental y ofrecen la oportunidad, no siempre aprovechada, de que un determinado proyecto pueda ser modificado o rechazado debido a sus consecuencias ambientales. Gracias a las evaluaciones de impacto, se estudian y predicen algunas de las consecuencias ambientales, esto es, los impactos que ocasiona una determinada acción, permitiendo evitarlas, atenuarlas o compensarlas.
Como bien señala Steve Howard “solo se puede manejar o administrar aquello que se mide, por lo tanto es una obligación medir aquello que nos importa”. En este sentido ya es hora de internalizar esas “supuestas externalidades” e incorporarlas a los costos de los productos y servicios, ya que son los actores del mercado – tanto productores como consumidores - quienes obtienen un beneficio económico con la subvención que les viene brindando el planeta Tierra a un costo que sin lugar a duda no es gratis.
El problema que enfrentamos hoy es que a partir de que hemos agotado la capacidad de carga y de resiliencia del planeta, no nos queda otra alternativa que tomar la decisión de incorporar los costos de las externalidades a los precios, ya que de una u otra forma siempre hay alguien que paga, y generalmente son las poblaciones más pobres y rezagadas aquellas a las que más afectan estos problemas, como por ejemplo los efectos del cambio climático.
Por otra parte, en la medida en que no logremos incorporar los costos de las externalidades a los precios de los productos y servicios, y de esa forma asignarlos a las empresas y sectores de la economía que correspondan, dichos costos van a caer injustamente en las espaldas de los contribuyentes y de la sociedad en su conjunto que son quienes tendrán que terminar financiando a los gobiernos para que éstos puedan hacer frente a los costos derivados del control de daños, consecuencia de la sobreexplotación y pérdida de los ecosistemas naturales.