Gobernanza

Con gran frecuencia se tiende a usar de manera indistinta los términos de gobernanza y gobernabilidad, pero ambos tienen una connotación diferente. Gobernabilidad es la capacidad de un gobierno legítimo, con sus facultades y recursos, para dar respuesta a las demandas sociales y asegurar la estabilidad política, el desarrollo económico y la paz social.

La gobernanza, por su parte, es una nueva forma de gobernar que reconoce que los gobiernos no son capaces de dar respuestas a las demandas sociales y para ello necesitan de la cooperación de los diferentes sectores, entre estos el sector social y privado. Aquí radica la necesidad de establecer sinergias como alianzas estratégicas donde los objetivos puedan lograrse a través de esfuerzos mancomunados. Se entiende por lo tanto por gobernanza “los procesos mediante los cuales los actores públicos y privados articulan sus intereses; encuadran y priorizan cuestiones; y toman, aplican y realizan el seguimiento de decisiones”.

El término viene utilizándose desde la década de 1990 vinculado a la forma de interacción de las administraciones públicas con el mercado y las organizaciones privadas y de la sociedad civil (empresas, sindicatos, ong y otras). Una interacción que no obedece a una subordinación jerárquica, sino a una integración en red, en lo que se ha denominado "redes de interacción público-privado-civil".

Como concepto, la gobernanza busca justamente describir la transformación sistémica compleja que se produce a distintos niveles –de lo local a lo mundial– y en distintos sectores –público, privado y civil–., y suele designar la eficacia, calidad y orientación de estas acciones en términos económicos, pero también sociales o de funcionamiento institucional. Sus resultados son los que en buena parte le proporcionan a un gobierno su legitimidad.

Su rápida difusión en los últimos años parece traducir la conciencia de un cambio de paradigma en las relaciones de poder y la insuficiencia que supone un estilo de dirección unilateral, vertical y jerárquico de gobierno para abordar los numerosos asuntos de la compleja sociedad democrática de hoy y afrontar las transformaciones que se han ido produciendo en el contexto de la globalización. Ante el surgimiento de empresas multinacionales con presupuestos superiores a los de ciertos estados soberanos y también de organizaciones no gubernamentales con una creciente capacidad de acción y de presión en los ámbitos tanto local como internacional, los gobiernos nacionales han pasado de ser la referencia central de la organización política a ser uno de sus componentes.

En este contexto, la gobernanza se propone como una nueva forma de tomar decisiones y de dirigir. Una apertura de más espacios de participación social, adicionales a las instituciones democráticas del gobierno y un involucramiento del sector privado. Una nueva visión que involucre interacción, dialogo, consenso, negociación y capacidad para desarrollar la noción de la metagobernanza, que es la gobernanza en red como mecanismo de gestión pública.

Gobernanza ambiental

La gobernanza ambiental es el gobierno y administración del medioambiente y los recursos naturales desde su consideración como un bien común mundial. El carácter mundial de estos bienes deriva de la presencia de cada uno de los elementos que lo componen en un sistema integrado. Así, todo el mundo se beneficia de la atmósfera, el clima y la biodiversidad, entre otros, y al mismo tiempo todo el planeta sufre los efectos dramáticos del calentamiento global, de la reducción de la capa de ozono o de la desaparición de especies. Esta dimensión planetaria apela a una gestión compartida.

Un bien público se caracteriza por la no-rivalidad (el recurso natural adquirido por alguien puede serlo, en todo momento, por alguien más) y por la no-exclusividad (es imposible impedir a alguien el consumo de ese bien). Sin embargo, a los bienes públicos se les reconoce un beneficio y, en consecuencia, un valor. La noción de bien común mundial aparece por lo tanto para establecer una pequeña distinción: son los bienes necesarios para la vida y no deben ser controlados por una sola persona o un solo Estado.

Es así que este carácter de no-rivalidad precisa de una gestión no competitiva y depredadora como la del llamado mercado libre, que llevaría a su extinción, y al mismo tiempo obliga a establecer un valor económico al recurso, porque su gratuidad también conduciría al mismo resultado. El agua es tal vez el mejor ejemplo de este tipo de bienes.

Sin embargo, el estado de cosas actual en la gobernanza ambiental mundial dista mucho de cumplir cualquiera de estos imperativos. A pesar de la conciencia creciente en torno a las cuestiones ambientales, en los países desarrollados y en vías de desarrollo la degradación del ambiente continúa, y nuevos problemas ambientales se generan a diario. La gobernanza ambiental mundial es incapaz de tratarlos adecuadamente por causa de varios factores, como por ejemplo: la gobernanza fragmentada en el seno de las Naciones Unidas, la falta de implicación de las instituciones financieras y la proliferación de acuerdos ambientales que entran a menudo en conflicto con medidas comerciales. También, el abismo persistente entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo debe ser tenido en cuenta para entender el fracaso institucional de la actual gobernanza ambiental mundial. Frente a la necesidad de responder al carácter complejo de la problemática ambiental, se necesita una gestión multilateral coherente entre los diversos actores implicados.