Economía inclusiva, verde y responsable
Una economía verde procura asegurar una relación amigable entre los procesos productivos de la sociedad y los procesos naturales, promueve la conservación, recuperación y uso sustentable de los ecosistemas, y trata como activos financieros de interés público los servicios que prestan ellos a la vida.
Esta economía debe caracterizarse por la existencia de inversiones públicas y privadas, reglas, instituciones, tecnologías, políticas públicas, programas gubernamentales y prácticas de mercado orientadas a:
• Mejora permanente de los procesos productivos;
• Aumento de la ecoeficiencia y reducción del consumo de los recursos naturales;
• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero;
• Transformación de residuos de un proceso en insumo de otros;
• Internalización de los costos de las externalidades en los precios de los productos;
• Protección de los manantiales, uso eficiente del agua y universalización del saneamiento básico;
• Aumento de la eficiencia energética y ampliación de las fuentes limpias y renovables en las matrices energética y de transporte;
• Mejora de movilidad y eficiencia de los medios de transporte;
• Recuperación y preservación de los ecosistemas; y
• Mitigación de los efectos del cambio climático.
Sin embargo, la economía también debe ser inclusiva, es decir, las inversiones públicas y privadas, las reglas, las instituciones, las tecnologías y los programas deben estar orientados a responder a las necesidades y derechos de todos los seres humanos, sin lo cual no será posible construir ambientes sociales saludables para ninguna actividad productiva. La economía debe, por tanto, promover el desarrollo equilibrado entre los capitales financiero, humano, social y natural.
Forma parte de ese propósito la distribución equitativa de la riqueza y de las oportunidades de generación de renta y acceso a bienes y servicios públicos, al asegurar condiciones de vida digna para toda la población, erradicar la pobreza y reducir las desigualdades sociales. Ello requiere ampliar la participación de la base de la pirámide en el proceso productivo y en el mercado de bienes y servicios, y la mejora de cualificación de la fuerza de trabajo y de las relaciones laborales, para que los derechos humanos sean una realidad para todo el conjunto de la sociedad. Es fundamental que se trabajen también los valores éticos y de integridad, la cultura de la transparencia y los mecanismos de combate a la corrupción, indispensables para alcanzar los objetivos de una economía inclusiva, verde y responsable.
Una economía practicada según estándares éticos elevados supone:
• Combate a la corrupción y a la impunidad.
• Valorización de la integridad y de la transparencia.
• Estímulo a la competencia leal.
• Estímulo a la cooperación.
• Respeto a las leyes y a las reglas de negocio.
• Respeto a los derechos de las distintas comunidades, etnias y grupos sociales de acercarse al estilo de vida contemporáneo en su propio ritmo.
En esta economía, la visión de sustentabilidad se completa con el compromiso de no sobreponer los intereses privados a los intereses públicos y de mantener tales estándares en todas las inversiones, estableciendo relaciones éticas, independientemente de las exigencias locales. La economía inclusiva, verde y responsable que se impone al mundo en función de los desafíos ambientales, sociales y éticos debe orientarse por los factores estratégicos: valores e innovación. Valores que darán soporte a actitudes que abran nuevos campos de visión, de producción de conocimiento y de comportamientos sustentables. Además de eso, habremos de estimular una mayor inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, procesos, y relaciones mercantiles y de producción, estimulando un ciclo de innovación en busca de sistemas sustentables de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
Para más información sobre este abordaje de la economía leer el documento elaborado por el Instituto Ethos: