Economía del bien común
Economía del bien común (en el original alemán Gemeinwohl-Ökonomie) o del bien público, es un proyecto económico abierto a las empresas y promovido por el economista austríaco Christian Felber, que pretende implantar y desarrollar una verdadera economía sostenible y alternativa al capitalismo de mercado, en la que necesariamente tienen que participar las empresas.
El proyecto parte de unos criterios generales, pero debe ser un modelo abierto que debe construirse entre todos sus miembros.
Según Felber, muchas constituciones y normas legales recogen el principio según el cual la actividad económica debe servir a los intereses generales y en general al bien común o bien público (“common good’’ en inglés y ‘’Gemeinwohl’’ en alemán). Para Felber, la implantación de la economía del bien común equivaldría a adaptar la economía real capitalista (en la que priman valores como el afán de lucro y la competencia) a los principios constitucionales que recoge, entre otras, la Constitución de Baviera.
Principios de la Economía del Bien Común
La economía del bien común se debe regir por una serie de principios básicos que representan valores humanos: confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, solidaridad, generosidad y compasión, entre otros.
Para los defensores de la economía del bien común, aquellas empresas a las que guíen esos principios y valores deben obtener ventajas legales que les permitan sobrevivir, frente a los valores del lucro y la competencia actuales.
En la economía real actual se mide el éxito económico con valores o indicadores monetarios como el producto bruto interno y los beneficios que dejan fuera a las personas y al medio en el que vivimos.
Estos indicadores no nos dicen nada sobre si hay guerra, si se vive en una dictadura, si sobreexplotamos el medio ambiente, si se respetan los derechos humanos, etc. De la misma manera que una empresa tenga beneficios no nos indica nada sobre las condiciones de sus trabajadores ni sobre lo que produce o cómo lo produce.
El balance del bien común mide como una empresa opera la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad ecológica, la democracia con todos sus proveedores y clientes. Por ejemplo, si la empresa promueve la esclavitud infantil, si hay desigualdad entre hombres y mujeres, si las rentas de los trabajadores están diferenciadas.
Finalmente, la evaluación de todos esos valores podrá permitir al consumidor elegir los productos que decide comprar o no.
El modelo económico del futuro, según Cristian Felber
1. La economía del bien común reposa sobre los mismos valores que hacen florecer nuestras relaciones humanas: confianza, cooperación, aprecio, co-determinación, solidaridad, y acción de compartir. (Según investigaciones científicas, las buenas relaciones humanas son uno de los factores que más contribuyen tanto a motivar a los seres humanos como a hacerlos felices.)
2. En la economía del bien común el marco legal experimenta un giro radical al pasar de estar orientado según los principios de competencia y avidez de lucro a los de cooperación y solidaridad. El significado del éxito empresarial cambia de beneficio financiero a contribución al bien común.
3. El bien común será predefinido en un proceso participativo y luego derivado a una asamblea democráticamente elegida y anclada en la constitución a través de referéndum.
4. Un nuevo balance mide el bien común: el balance del bien común. Este balance mide rendimientos sociales, ecológicos, democráticos y de justicia distributiva, cuyo conjunto constituye el nuevo sentido de “éxito empresarial”. Este ya no se mide en términos monetarios, sino en puntos neutrales. El máximo que se puede alcanzar son 1000 puntos del bien común.
5. Las empresas con los mejores balances disfrutan de incentivos y ventajas legales que les permiten cubrir sus mayores costos mayores y ofrecer los productos éticos a precios inferiores que los no éticos: tasas de impuestos reducidas, créditos con interés reducido, prioridad en la compra pública y programas de investigación, etc.
6. El balance financiero será el balance secundario. El beneficio financiero, antes el fin de la actividad empresarial, se convierte ahora en un medio del nuevo fin: el bien común. Eso significa que sólo serán permitidas aquellas aplicaciones del beneficio financiero que aumenten el bien común: inversiones (con plusvalía social y ecológica), repago de créditos, reservas (limitadas), distribución a los que crean la plusvalía (máximo: 20 veces el salario mínimo) y créditos sin interés a co-empresas; mientras que las aplicaciones que reduzcan el bien común ya no serán legales: inversiones en los mercados financieros, adquisiciones hostiles, distribución a personas que no trabajan en la empresa, donaciones a partidos políticos.
7. Como el beneficio financiero ya no es un fin en sí mismo, las empresas recuperan la libertad de aspirar a su tamaño óptimo. Ya no tienen que temer que otras empresas se las “traguen” y ya no les estará permitido tragarse a otras empresas; no necesitarán tener que crecer para ser más lucrativas, poderosas o fuertes que las competidoras. Todas las empresas serán redimidas de la coerción estructural de tener que crecer y devorarse mutuamente.
8. Las desigualdades en las rentas y en la propiedad serán limitadas: la renta máxima no puede ser más de 20 veces la renta mínima; la propiedad privada no puede exceder 10 millones de euros; el derecho hereditario se limita a medio millón de euros por persona, en el caso de empresas familiares a diez millones de euros por persona. Herencias que excedan estos límites serán distribuidas como “dote democrática” a miembros de la generación siguiente. El objetivo de la “herencia máxima” y “herencia mínima”: cuanto más justamente distribuido esté el capital inicial tanto mayor será la igualdad de oportunidades.
9. Empresas grandes con más de 250 empleados pasan parcialmente a la propiedad de los empleados y los ciudadanos; empresas con más de 5.000 empleados al cien por cien. Los ciudadanos serán representados por delegados directamente elegidos en “parlamentos económicos regionales”. El gobierno no puede intervenir ni tiene propiedad en esas empresas.
10. El gobierno tampoco puede tocar los “bienes democráticos“, la tercera categoría de propiedad aparte de la gran mayoría de pymes privadas y unas cuantas grandes empresas de propiedad mixta. Bienes democráticos pueden ser: escuelas, universidades, hospitales, empresas de abastecimiento de agua y energía, telecomunicación, transporte público o bancas: la infraestructura básica.
11. Un bien democrático clave es “el banco democrático“. Este banco sirve – como todas las empresas – al bien común y está controlado como todos los bienes democráticos por la ciudadanía soberana y no por el Gobierno. Su servicio consiste en depósitos garantizados, créditos de interés reducido y cuentas corrientes gratuitas. Los mercados financieros tal y como se presentan hoy ya no existirán.
12. La democracia representativa será complementada por la democracia directa y la participativa. El pueblo soberano tiene el derecho a: a) corregir a sus representantes (el parlamento), b) iniciar y adoptar leyes, c) iniciar y adoptar un cambio de la Constitución, y d) controlar áreas claves de la economía como los bienes democráticos.
13. Aparte de la asamblea económica del bien común habrá otras convenciones para profundizar la democracia: convención para la educación, convención para la democratización de los medios de comunicación, y convención para la creación de bienes democráticos.
14. Para anclar los valores de la economía del bien común en las generaciones futuras, tan profundamente como hoy está arraigada en la generación actual la visión del ser humano socialdarwinista y capitalista, propongo cinco nuevas asignaturas obligatorias: emocionología, ética, comunicación, educación democrática y experiencia de la naturaleza.
15. Como la noción de “éxito empresarial“ será diferente en la economía del bien común, otras competencias de gestión serán las más solicitadas. Las personas más responsables, sociables, empáticas y capaces de atender al bien de todos y de la comunidad ecológica, serán los modelos apreciados por la sociedad y las más buscadas por las empresas.
Implantación del proyecto
La implantación del modelo teórico comenzó en octubre de 2010 con un grupo de empresas de varios países que participan activamente cumpliendo voluntariamente los requisitos del proyecto de economía del bien común. El grupo se ha convertido en un movimiento político que presiona al gobierno para que los principios teóricos se plasmen definitivamente en leyes.
Ya se inició además el proceso de aprobación del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo “La Economía del Bien Común: un modelo económico sostenible orientado a la cohesión social.
Críticas
El economista español Juan Ramón Rallo ha criticado el modelo propuesto por la economía del bien común en su ensayo titulado La Economía del Empobrecimiento Común, donde afirma:
La Economía del Bien Común es un experimento de ingeniería social que lleva en su diseño su condena al fracaso. Sus tres mayores errores, tal como hemos desarrollado extensamente, son pretender objetivar la idea de bien común, pensar que es posible coordinar la actividad de miles de millones de personas desatendiendo el sistema de precios y obviar la ruina que supondría una brutal descapitalización de la economía derivada de la persecución de la propiedad (en sus dos facetas: acumulación patrimonial y control de la gestión empresarial).
Acerca del libro “La economía del bien común”
“La economía del bien común” es un libro de 150 páginas que se publicó el 16 de agosto de 2010 en la editorial vienesa Deuticke. Los fundamentos teóricos habían sido elaborados en un libro precedente: “Nuevos valores para la economía”, del mismo autor (Deuticke, 2008). Desde entonces, una veintena de empresarios ha participado en la tarea de desarrollar y detallar el modelo. Uno de los objetivos de la publicación del libro es escapar de la estéril dicotomía “lo que no es capitalismo tiene que ser comunismo” y ofrecer una alternativa sistémica humana. En el apéndice del libro, 70 empresas apoyan el modelo con su firma – lo cual es una señal de que el modelo no sólo es una idea utópica, sino que ha emergido desde la práctica empresarial. Hoy, unas 250 empresas apoyan el modelo y 70 se han decidido a implementarlo.