Ciudadanía activa

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El concepto de ciudadanía activa se refiere a la sociedad civil y a la capacidad de ésta para organizarse e intervenir directamente en su entorno social. En los países democráticos los ciudadanos tienen una serie de derechos y obligaciones. Esta circunstancia no es una mera cuestión formal, sino que se puede concretar en una actitud determinada por parte de los ciudadanos. Dicha actitud puede manifestarse, desde un punto de vista individual, de dos maneras: una pasiva y otra activa.

• El ciudadano pasivo sería aquel que tiene un escaso interés por los problemas que no le afectan directamente. Es un individualista y no suele intervenir en asuntos de carácter social o reivindicativo ajenos a sus circunstancias. Incluso se puede afirmar que tiene la idea de que no es posible hacer nada para cambiar la realidad. Es probable que tenga cierto rechazo a la actividad política.

• El ciudadano activo, en cambio, tiene interés por la política. Siente el deber de participar en la realidad social que le rodea y tiene un cierto compromiso personal. Su actitud es proactiva y se involucra con aquellas causas que considera justas. Aunque su intervención sea individual, entiende que aporta su granito de arena.

En la actualidad, el concepto de ciudadanía activa es analizado por sociólogos y expertos en movimientos sociales.

Las nuevas tecnologías y las redes sociales permiten hoy que los ciudadanos interactúen con todo aquello que les afecta directa e indirectamente. Si hay un tema social que suscita su interés, la ciudadanía tiene la opción de participar activamente dando su opinión con el propósito de influir en dicha realidad. Esta circunstancia es bastante común y sirve como un termómetro para evaluar cuáles son las reacciones de una sociedad, sus inquietudes, creencias y valores. Los responsables políticos conocen bien este fenómeno social y lo tienen muy presente a la hora de diseñar estrategias políticas. No se trata de un fenómeno pasajero, sino que es una realidad que previsiblemente se consolidará en un futuro próximo.

La ciudadanía activa se hace presente también a través del desarrollo de algunos mecanismos que se detallan a continuación:

Mesas de diálogo

Las mesas o grupos de diálogo son mecanismos para profundizar la cooperación público-privada y promover la abierta participación de todas las partes interesadas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Son utilizadas frecuentemente en distintos países para avanzar en temas relacionados con el consumo y la producción sustentables.

El objetivo final de las mesas de diálogo es apoyar el desarrollo y aplicación de planes de acción y otras iniciativas. Representan una excelente oportunidad para:

• Fortalecer la cooperación de las múltiples partes interesadas y crear sinergias en la búsqueda de soluciones para hacer frente a las insostenibles pautas de consumo y producción.

• Encontrar y aplicar soluciones específicas correspondientes a las prioridades regionales y nacionales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que contribuyen al proceso global de desarrollo.

Si bien todavía es incipiente, existe en la región una importante experiencia en este sentido. Países como Argentina, Brasil y Costa Rica presentan ejemplos valiosos respecto de la implementación de mesas de diálogo.

Mesas de convivencia

Se define a las mesas de convivencia como un conjunto de entidades, personas y agentes sociales de barrios, municipios y ciudades que trabajan con los siguientes objetivos:

• Promover el debate y la reflexión social con el propósito de establecer prácticas que favorezcan la tolerancia y la convivencia intercultural.

• Diagnosticar o identificar las distintas problemáticas alrededor de la inmigración, que puedan dificultar la convivencia en barrios y distritos de la comunidad, propiciando alternativas y proyectos generadores de soluciones.

• Destacar aquellas zonas donde existan posibles tensiones o conflictos por actitudes xenófobas o racistas ante la llegada de inmigrantes.

• Realizar trabajos de sensibilización tanto en colegios, asociaciones de vecinos/as e instituciones donde se trabaje con población autóctona e inmigrante, con el fin de producir un cambio en la percepción social sobre la inmigración, favorecer la convivencia en los barrios y el conocimiento mutuo de culturas.

Para más información:

"La amenaza de la convivencia en los días actuales", de Leonardo Boff.

Banca del Vecino

La Banca del Vecino es una herramienta especialmente creada para la gestión ciudadana, que no puede ser utilizada por funcionarios políticos, sin importar su rango. Su objetivo es generar un medio ágil y permanente para la recepción de propuestas, denuncias u opiniones que surjan de los vecinos de una ciudad, para una mejor comunicación entre la sociedad representada y el Concejo Municipal o las autoridades correspondientes, de manera orgánica y pública.

La Banca del Vecino puede ser utilizada por todo vecino o habitante que acredite residencia en un pueblo o ciudad, en representación propia o de una institución, para exponer temáticas o propuestas de interés municipal que consideren pertinentes. Es decir: las propuestas deberán, siempre, estar relacionadas a cuestiones de interés general y orientadas al bien común.

Habitualmente, cada localidad ejercita, su propia versión de la Banca del Vecino. Desde el mantenimiento del mobiliario urbano, pasando por el cuidado de la fauna; modificaciones en el código de edificación; mejoras en la gestión de residuos; protección de las redes de agua hasta la administración de comedores barriales, la Banca del Vecino es un instrumento de la democracia, participativo y horizontal, que permite ejercitar una ciudadanía activa real y comprometida.

Audiencia pública

La audiencia pública es una instancia de participación para que los ciudadanos expresen su opinión frente a la ejecución de los recursos públicos. Surge como un mecanismo que permite recibir quejas de la comunidad sobre el uso de los recursos públicos, y a la vez para que las entidades estatales rindan cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.

La audiencia pública constituye también una instancia de participación y debate en el proceso de toma de decisiones administrativas o legislativas, mediante la cual la autoridad responsable habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan interés particular, expresen su opinión y tomen conocimiento del parecer de los funcionarios al respecto.

Las autoridades responsables de la audiencia pública informarán de qué manera han tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en caso de que sea pertinente, las razones por las cuales las desestiman.

¿Cuándo se convocan las audiencias públicas?:

• Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, para discutir aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.

• Cuando las comunidades y las organizaciones lo soliciten, sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración.

Presupuesto participativo

Se trata de una herramienta de la democracia deliberativa o de la democracia directa, que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones referidas a los presupuestos públicos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico o local.

Es un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre cuáles son las prioridades de inversión de un municipio.

Se trata de dividir el territorio en el que se va a realizar la consulta sobre los presupuestos, englobando a todas las personas que se vean afectadas y formando diferentes secciones de pequeño tamaño para que en cada una de ellas se puedan realizar propuestas y debatirlas con argumentos válidos, “deliberando”, que es, en definitiva, el propósito de la democracia deliberativa.

A continuación, de cada uno de los distritos se eligen al azar ciertas personas para que lleven las propuestas a unas asambleas conjuntas, en las que se reúnen todos los delegados y deciden de nuevo qué solución van a tomar, debatiendo qué es lo mejor para la mayoría, siempre dentro de unas normas estipuladas y tomando decisiones acordes con los derechos de las personas, intentando no perjudicar a nadie. Si en la primera asamblea no se llega a un acuerdo, se realizan más asambleas hasta que se consigue la solución preferida por la mayoría.

Si finalmente no se llega a una conclusión, se decide por votación. Una vez decidido qué se va a hacer y cómo, se procede a presentar un borrador al Gobierno que esté al mando de la región o del distrito involucrado en el proceso.

Acceso libre a la información

En las sociedades actuales, el mal uso y la manipulación de la información permiten influir y controlar la conducta de los ciudadanos casi sin necesidad de recurrir a medios coactivos. Debido a esto, la libertad personal y las posibilidades reales de intervenir en los procesos sociales, económicos o políticos, están determinados por el grado de libertad del que dispongan los ciudadanos en el momento de acceder a la información sobre los actos administrativos y jurídicos de gobierno.

El Estado debe garantizar una correcta rendición de cuentas, horizontal y vertical, fortaleciendo así la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Y para ello, es necesario regular y garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública, asegurando que cada ciudadano pueda conocer y analizar los actos administrativos y jurídicos de gobierno.

El acceso a la información permite además construir, a nivel de cada ciudadano, un juicio formado en aquellas cuestiones sobre las que la ley solicita su atención en el caso de una consulta popular. También permite un conocimiento adecuado para la presentación de iniciativas populares y genera transparencia en la gestión de gobierno, que redunda en una mejor imagen de las instituciones públicas frente a la ciudadanía.

La historia de la humanidad muestra los peligros inherentes a aquellas situaciones en las cuales los órganos de poder se autonomizan de la sociedad civil y dejan de rendir cuentas. En esos momentos, la libertad de los ciudadanos se ve coartada autoritariamente ya que la ecuación poder-libertad se resuelve en favor de los más poderosos. Y este hecho no es privativo de regímenes autoritarios o totalitarios, sino que puede suceder en regímenes como las llamadas “democracias delegativas”.

Debido a ello y para que el poder, en detrimento de la libertad, no sea hegemónico, es preciso desarrollar herramientas que posibiliten –además de la protección de la libertad individual– una fluida relación entre sociedad y Estado.

Derecho constitucional de acceso a la información

El derecho al acceso a la información pública ha sido tipificado en varias declaraciones y tratados internacionales.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se manifiesta el derecho de todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, que incluye los derechos a no ser molestado por sus opiniones, a investigar y recibir informaciones y opiniones, y a difundirlas, sin límite de fronteras, a través de cualquier medio de expresión.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad de pensamiento y expresión. Constituye una garantía similar a la Declaración anterior, dado que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de cualquier tipo, asegurando el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y/o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Y prohíbe la restricción de estas libertades a través de medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares.

Un adecuado acceso de la ciudadanía a la información pública es además fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones, respecto de los siguientes temas:

a. Funcionarios electos: el derecho a elegir gobernantes que nos representen únicamente puede ser ejercido en forma responsable a través del conocimiento de los mismos y de sus actividades públicas anteriores.

b. Elecciones libres e imparciales: para el ejercicio del acto electoral en forma libre y sin ninguna manipulación es preciso obtener datos que permitan a la ciudadanía efectuar una elección responsable y razonada.

c. Sufragio inclusivo: la posibilidad de que todos puedan votar garantiza la igualdad de derechos y el acceso a la información colabora para evitar la corrupción de cualquier acto electoral o el tráfico de influencias.

d. Derecho a ocupar cargos públicos: el acceso a la información permite conocer las condiciones de acceso a los mismos.

e. Libertad de expresión: es necesaria para lograr un debate público que permita a los ciudadanos tener un conocimiento del contexto que rodea a las decisiones públicas a tomarse, y poder realizar sus propias opciones.

f. Variedad de fuentes de información: a pesar de la tendencia mundial, no es democrático un Estado en el cual haya un monopolio de la información.

g. Autonomía asociativa: protege la asociación de la ciudadanía con fines útiles, como la obtención o defensa de derechos. En muchos casos, en la consecución de estos fines se hace indispensable un fluido acceso a la información pública.

Revocatoria del mandato

La revocación de mando –también llamado Referéndum revocatorio o Recall election– es un procedimiento de participación civil y político por el cual el cuerpo electoral –es decir, los ciudadanos–, como titular de la soberanía popular y a través del voto, puede remover a un funcionario electo antes de expirar el período para el cual haya sido elegido como presidente, representante de distrito o alcalde de un pueblo o ciudad.

El fundamento último de la revocatoria del mandato es el principio de libertad política de los ciudadanos de elegir y deponer a sus gobernantes, en el marco de una democracia representativa. Este mecanismo de interrupción anticipada del mandato popular tiene una historia extensa: se remonta a la antigua democracia ateniense y figura, de hecho, en varias constituciones contemporáneas.

Para ejecutarla y remover a un funcionario electo que no esté cumpliendo adecuadamente con sus propuestas electorales o responsabilidades, hay dos caminos:

● De manera directa: los ciudadanos deberán reunir una cantidad o proporción específica de votantes o firmas. Usualmente, se requiere que se trate de una mayoría absoluta.

● De manera indirecta: cuando el voto es convocado por un porcentaje del consejo deliberante o del cuerpo legislativo para consultar o confirmar una decisión tomada por esa institución.

Voto por preferencia

El voto preferencial es un tipo de voto múltiple, en el que el elector establece su orden de preferencias para elegir a los candidatos. Este orden puede consistir en poner un número en los nombres de los candidatos, o bien, en señalar a un número determinado de candidatos que, incluso, puede verse reducido a la expresión de preferencia por un único candidato.

El voto por preferencia es una herramienta valiosa con la que cuentan los ciudadanos para, por ejemplo, contrarrestar las “imposiciones” de las listas sábana. Este sistema le da a los votantes más opciones y mayor capacidad de elección.

El objetivo es que a partir del voto de los ciudadanos los funcionarios electos sean los más representativos. Al mismo tiempo, para los ciudadanos materializa una manera concreta de votar por la verdadera preferencia, en base a las esperanzas y los valores a los que adhieren, en lugar de dividir el voto entre los candidatos que se presentan en cada lista.

Justicia vecinal

Las Unidades de Justicia Vecinal son un programa desarrollado por los Ministerios de Justicia de algunos países, como Chile, que buscan acercar a la ciudadanía formas de resolución de conflictos vecinales y comunitarios, de una manera ágil, transparente y eficiente. Bajo estándares modernos, basados en experiencias nacionales e internacionales, estas unidades de Justicia Vecinal ponen a disposición de las personas un modelo de atención que involucra a profesionales altamente calificados en los siguientes mecanismos de resolución de disputas:

- Conciliación

- Mediación

- Arbitraje

Todo esto se implementa para resolver problemas muy comunes entre los vecinos y que no encuentran una vía de canalización y solución adecuadas.

Boletín oficial

En el Boletín oficial se publican las normas sancionadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos de control, el Banco de la Nación, así como comunicados y avisos, edictos particulares y oficios judiciales.

La publicidad de los actos de gobierno constituye una obligación del Estado y un derecho de la ciudadanía. A partir de su publicación en el Boletín oficial, las leyes, los reglamentos, las resoluciones y los demás actos de alcance general entran en vigencia y se tornan eficaces.

El Boletín oficial es el único medio idóneo para completar el proceso de implementación de normas de alcance general, cualquiera sea su nivel y rango, en el ámbito de la Nación. Su editor/a responsable es el/la titular de la Secretaría Legal y Técnica.

Los documentos publicados en la edición electrónica se consideran oficiales y auténticos, Ley 2739. La Agencia de Sistemas de Información dispone los medios tecnológicos adecuados a los fines de garantizar su autenticidad e integridad. Está disponible online, en forma gratuita.