Capitales privados con fines públicos

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Una de las características de los países más exitosos en la inserción internacional ha sido la forma en que el sector público y el privado se potencian mutuamente en la búsqueda de nuevas oportunidades para el crecimiento.

El grado y la naturaleza de la colaboración entre gobierno y sector privado inciden en el desarrollo de las estrategias de largo plazo y en la forma en que éstas se implementan a través de programas e incentivos, en un marco de bien público. Asimismo, la formulación de estrategias consensuadas e inteligentes, y la institucionalidad público-privada que la acompaña, tienen íntima relación con la eficacia de las políticas y programas que las sustentan.

En este contexto, la inversión de capitales privados con fines públicos refiere a la participación del sector privado en proyectos de infraestructura para sanear las finanzas públicas, mejorar la eficiencia y reducir la participación del Estado en las actividades productivas.

Para ello, es necesario crear alianzas entre ambos sectores, definidas por la Organización de las Naciones Unidas como “la creación de agendas comunes y la combinación de recursos, riesgos y beneficios. Son colaboraciones voluntarias que se construyen a través de las respectivas fortalezas y competencias de cada aliado, optimizando la asignación de recursos y consiguiendo resultados mutuamente beneficiosos de manera sostenible. Implican interacciones que aumentan los recursos, la escala y el impacto” (2003).

El International Business Leaders Forum (IBLF), entre muchas otras organizaciones que se han aventurado a definirlas, sugiere que las verdaderas alianzas deberían ser colaboraciones voluntarias a través de las cuales “individuos, grupos u organizaciones se ponen de acuerdo en trabajar conjuntamente para cumplir una obligación o llevar a cabo una iniciativa específica; compartiendo los riesgos así como los beneficios; y revisando la relación regularmente siempre que sea necesario” (1998).

A la hora de identificar puntos en común entre estas definiciones, se puede constatar cómo la mayoría incide en que las alianzas deben establecer una cooperación voluntaria que implique definir objetivos comunes a través de una responsabilidad compartida, donde se puedan identificar beneficios mutuos, compartir riesgos e inversiones asociadas, y gestionarse a través de una distribución equitativa del poder.

Las alianzas para el desarrollo se fundamentan en generar un impacto positivo y mejorar el acceso a bienes y servicios básicos que afectan la vida digna de las personas. La provisión de dichos bienes, cuyo suministro es estrictamente una responsabilidad pública, es política y emocionalmente sensible ante la ciudadanía y, por lo tanto, garantizar su acceso con los condicionantes técnicos y financieros actuales es un reto que exige maximizar la eficiencia de la gestión, así como capitalizar los recursos de los actores involucrados.

Un actor importante para el buen funcionamiento de este tipo de alianzas es el llamado tercer sector, conformado por Organizaciones No Gubernamentales (ONG), asociaciones civiles, universidades, sindicatos, grupos ecologistas o plataformas de jóvenes, entre muchas otras. Su constitución como sociedad civil organizada, y su experiencia en la implementación de proyectos sociales e identificación de necesidades locales, convierte a este sector en un agente imprescindible a la hora de garantizar buenos resultados.